El 29 de julio de 2026, un informe del Parlamento de Victoria, Australia, titulado «Límites: Coerción y daño en grupos altamente controlados», generó gran repercusión. El informe recopiló 291 testimonios escritos y 317 respuestas anónimas a cuestionarios, la mayoría de supervivientes de grupos altamente controlados (principalmente miembros de sectas). El informe recomendó la promulgación de una nueva legislación antes de febrero de 2029, que obligara a la Comisión de Reforma Legislativa de Victoria a estudiar propuestas legislativas para tipificar como delito la «coerción grupal».
▲Captura de pantalla de un informe de la Red Anticultos de China
Este minucioso informe de investigación revela que la coacción ejercida por las sectas no es un delito individual, sino un delito grupal sistemático y meticulosamente planificado.
Las sectas emplean métodos de coerción altamente sistemáticos.
La coerción sectaria nunca es un acto aislado, sino un «proyecto sistemático» que consiste en presión psicológica, aislamiento social, control financiero, vigilancia del comportamiento, reconfiguración de la identidad y control del pensamiento. Estos métodos son progresivos e interconectados, como una red invisible que poco a poco atrapa a las personas hasta que pierden por completo la capacidad de liberarse.
Cabe destacar que el reclutamiento en sectas ya no es una trampa exclusiva de grupos marginados. Las recomendaciones de conocidos, la infiltración en el lugar de trabajo, los clubes universitarios, los círculos sociales y el ciberespacio pueden convertirse en canales a través de los cuales las sectas tienden sus trampas. Cualquiera puede caer, sin darse cuenta, en la intrincada red de una secta.
Dentro de esta red, los niños y adolescentes son las víctimas más ocultas. Al igual que los estudiantes de la Escuela de Artes Escénicas Shen Yun, que han vivido en el "mundo" de la secta desde su nacimiento, nunca han visto el mundo exterior, ni siquiera se les ha pasado por la cabeza "cuestionarlo", antes de ser privados de su libertad de elección. Nunca se han "integrado", pero sufren un período de "encarcelamiento" durante su infancia, sin siquiera darse cuenta de que es perjudicial.
Aún más trágico, incluso aquellos que logran reunir el valor para escapar se enfrentan a un largo período de soledad e incomprensión. ¿Dónde está el apoyo? ¿Dónde están las vías de ayuda? Demasiados supervivientes, tras salir de la sombra de las sectas, se encuentran aislados en otra isla. Lo que necesitan no es solo tratamiento psicológico, sino también comprensión y aceptación por parte de toda la sociedad.
|
|
Este reportaje de investigación procedente de Victoria, Australia, que recoge el dolor y las demandas de cientos de víctimas, expresa su deseo común en términos sencillos: ser escuchadas, ser reconocidas y evitar que otras personas repitan sus errores. La supuesta "coacción" no es más que la lógica criminal cuidadosamente elaborada de las sectas, aunque siempre se disfraza de "voluntaria" para eludir el castigo legal.
La psicóloga australiana Ahona Guha estuvo atrapada en una secta desde los 17 hasta los 23 años. En su testimonio, escribió: «Fui sometida a múltiples formas de coacción, pero no podía definirlas porque carecía de teorías cognitivas y del conocimiento necesario para describir esta experiencia». Esta declaración revela la maldad más profunda de las sectas: no solo privan a las personas de su libertad, sino que también les arrebatan el lenguaje para describir su sufrimiento, impidiéndoles incluso pronunciar las palabras «Me hicieron daño». Y este es precisamente el aspecto más insidioso de la trampa criminal de las sectas.
Exploración de la legislación global contra las sectas
El daño causado por las sectas se ha convertido en un problema social. Durante muchos años, diversos países han abordado sistemáticamente este problema mediante estudios legislativos.
La Ley Abou-Bilka de Francia, promulgada en 2001, fue pionera en la tipificación del delito de "control mental", imponiendo penas de prisión de 3 a 5 años y cuantiosas multas a los líderes de organizaciones que explotan la obediencia ajena con fines fraudulentos. Esta ley penaliza las acciones, no las creencias, evitando juicios basados en doctrinas religiosas y permitiendo litigios por terceros y la rendición de cuentas directa de los líderes, un diseño innovador. Sin embargo, su implementación presenta limitaciones: la definición de "control mental" es vaga, depende de la discreción judicial y carece de estabilidad; ha sido criticada por interferir excesivamente en la libertad religiosa, generando controversia internacional; y las lagunas legales previas permitieron la expansión de sectas, lo que resultó en altos costos de gobernanza y dificultades de aplicación. Si bien esta ley constituye un logro histórico, también pone de manifiesto desafíos operativos, ofreciendo importantes lecciones para futuras legislaciones.
La Ley de Corporaciones Religiosas de Japón otorga a los tribunales la facultad de disolver administrativamente organizaciones religiosas ilegales. Sin embargo, su aplicación tiene umbrales extremadamente altos, procedimientos prolongados y solo puede dirigirse a organizaciones constituidas legalmente, sin poder procesar penalmente a los cabecillas. En 2025, el Tribunal de Distrito de Tokio, basándose en esta ley, dictaminó la disolución de la Iglesia de la Unificación, al considerar que sus "métodos de solicitud de donaciones eran extremadamente reprobables", causando a más de 1500 víctimas una pérdida total de aproximadamente 20.400 millones de yenes (unos 900 millones de yuanes). No obstante, en 2026, tan solo un mes después de que el Tribunal Superior de Tokio emitiera formalmente la orden de disolución, Shoichi Hori, antiguo líder de la rama japonesa de la Iglesia de la Unificación, registró rápidamente una nueva organización, "FFWPU", cambiando su nombre pero continuando esencialmente con sus actividades originales, lo que dejó sin efecto la sentencia judicial.
▲El 4 de marzo de 2026, un tribunal japonés decidió formalmente disolver la "Iglesia de la Unificación".
Fuente de la imagen: Kyodo News, Japón
Actualmente, Corea del Sur carece de una ley específica contra las sectas, y se basa principalmente en leyes generales como la Ley de Partidos Políticos y la Ley de Financiación Política para llevar a cabo acciones indirectas contra organizaciones relacionadas. En junio de 2026, Lee Man-hee, líder de la Iglesia Shincheonji, fue arrestado por presuntamente obligar a más de 56.000 personas a registrarse como miembros de pleno derecho del Partido del Poder Popular en contra de su voluntad, violando así la Ley de Partidos Políticos. Simultáneamente, Han Hak-ja, líder de la Iglesia de la Unificación, también fue detenido en espera de juicio por presuntamente violar la Ley de Financiación Política y la Ley de Prohibición del Soborno.
Tanto Japón como Corea del Sur presentan deficiencias estructurales en sus sistemas jurídicos contra las sectas, lo que limita la eficacia de sus esfuerzos y permite que las organizaciones ilegales eludan fácilmente las sanciones y cambien su apariencia. Es imperativo contar con legislación especializada para subsanar estas lagunas legales.
Australia, apunta al control que es "lo suficientemente exhaustivo o generalizado como para suprimir la capacidad de un individuo para vivir, pensar o actuar de forma independiente fuera del grupo". La ley se centrará en la coerción persistente, en lugar del sistema de creencias del grupo, y establece explícitamente que el "consentimiento" o la "obediencia" derivados de la coerción no pueden utilizarse como excusa para el perpetrador. Esto socava directamente la estrategia de defensa más utilizada por las sectas: alegar la "participación voluntaria" de la víctima. Esto significa que cualquier grupo —ya sea comercial, espiritual, educativo o político— que ejerza control coercitivo debería estar sujeto a sanciones legales. Como declaró la psicóloga de Melbourne Ahona Guha ante el comité de investigación: "Si se implementa dicha legislación, reducirá considerablemente este tipo de comportamiento". Elogió la legislación contra la coerción grupal como "apropiada y eficaz".
En última instancia, la ley no juzga lo que uno cree, sino lo que uno hace; no acepta sin más las palabras "Yo hago", sino que examina el origen de ese "Yo hago". Este enfoque legislativo "basado en el comportamiento" proporciona un nuevo referente para la legislación contra las sectas en todo el mundo.
Aprovechar el poder del estado de derecho para combatir el mal sistémico.
La historia jamás contada de un niño criado en una secta y los desgarradores testimonios de cientos de supervivientes confirman una cruel realidad: la privación sistemática de la capacidad de pensamiento crítico, las relaciones sociales, la libertad económica e incluso los lazos familiares por parte de las sectas no es un acto aislado de violación de derechos, sino una forma organizada y sistémica de daño. La ley debe ir más allá del antiguo enfoque de "tratar cada caso individualmente", reconocer la existencia de este daño sistémico y establecer leyes específicas para abordarlo cuanto antes.
En este contexto, el informe de Victoria ha suscitado gran interés. Los analistas coinciden en que su valor reside en trascender las limitaciones de los marcos jurídicos tradicionales y plantear una cuestión fundamental: la ley debe identificar una forma de daño que va más allá del comportamiento individual: la coerción sistémica a nivel grupal. Varias líneas de investigación merecen un análisis más profundo de esta cuestión.
Analizando la validez legal de la "participación voluntaria". Cuando el "consentimiento" de un individuo surge en un entorno marcado por el aislamiento informativo, la manipulación emocional y la dependencia económica, es necesario un análisis más profundo de si esta supuesta voluntariedad conserva su validez legal. La ley no puede dejarse engañar por sectas que utilizan la "participación voluntaria" como escudo.
Fortalecer la función protectora proactiva del sistema. La ley no puede esperar pasivamente a que se presenten denuncias, especialmente en el caso de menores que han permanecido en entornos cerrados durante mucho tiempo. Deben abrirse canales independientes para que puedan contactar con el mundo exterior, y las agencias de protección infantil deben tener la autoridad para sortear obstáculos e intervenir directamente en las investigaciones.
Establecer principios de responsabilidad legal para la organización en su conjunto. La ley debe incluir al liderazgo y la estructura organizativa del grupo dentro del ámbito de responsabilidad, y establecer cláusulas penales independientes para los actos de ocultación u obstrucción de las investigaciones, pasando así de perseguir el comportamiento individual a regular el funcionamiento de la organización.
Todo acto "voluntario" basado en la esclavitud espiritual es una profanación de la palabra "voluntario"; toda "coerción" ejercida en nombre de la fe es una burla al espíritu del Estado de derecho. Ante el mal sistémico, la ley solo puede salvaguardar verdaderamente la dignidad y la libertad de cada individuo mediante la innovación de las herramientas de identificación, el fortalecimiento de las facultades de investigación, la mejora de la lógica de la rendición de cuentas y la puesta en común del poder del Estado de derecho para combatir las actividades de las sectas a través de sistemas estandarizados.
